suspensión provisional al gobernador de Córdoba

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Por tres meses más la Procuraduría General  prorrogó la suspensión al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, en el marco de una de los tantos procesos que adelanta en su contra por presuntos actos de corrupción.

En este caso, la suspensión provisional de Besaile Fayad, tiene que ver con supuestas irregularidades en la terminación de un contrato de ciencia y tecnología y otros actos en la gestión contractual.

El Ministerio Público señaló que la prórroga de la suspensión provisional está justificada para evitar la reiteración de una posible falta disciplinaria por presuntas irregularidades en la actividad contractual, evidenciadas en la suspensión unilateral del convenio No. 735 de 2013, celebrado entre la Gobernación de Córdoba y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia (George Dahl).

El órgano de control busca establecer la presunta participación del mandatario departamental en actos de corrupción confesados por el entonces gobernador del departamento, Alejandro Lyons Muskus, en relación con el destino indebido que tendrían los recursos públicos en la contratación.

Dentro de este proceso, la Procuraduría también investiga al director administrativo de Planeación, Manuel José Benjumea Simancas; a la asesora del despacho del gobernador, Sandra Milena Ruiz Pérez, y al director de contratación de la gobernación, Jairo Rafael Cruz Lozano.

De hecho, el gobernador de Córdoba Edwin Besaile Fayad, fue sancionado el pasado 27 de septiembre por la Procuraduría con destitución e inhabilidad por 10 años para desempeñar cargos públicos por irregularidades en pagos de terapias a menores de edad en condición de discapacidad.

La misma sanción se le impuso al exgoberador del mismo departamento Alejandro Lyons Muskus.

En este caso de corrupción, se pagaron terapias de rehabilitación a 2 mil 181 menores de edad en condición de discapacidad, prestadas en el periodo comprendido entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, por un valor de 4 mil 988 millones, sin que mediara relación contractual entre el ente territorial y Funtierra Rehabilitación IPS.

Más reciente, el pasado 8 de octubre, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al mismo gobernador Edwin Besaile Fayad, por el llamado “Cartel de la Hemofilia”, que se destapó en 2013.

El caso tiene que ver con el pago de más de mil 500 millones de pesos a favor de la IPS San José de La Sabana S.A.S., por concepto de suministro de medicamentos No POS a 14 falsos pacientes que padecían hemofilia y/o von Willebrand.

La Procuraduría General de la Nación también investiga en el departamento de Córdoba la existencia en Córdoba de un cartel dedicado a apropiarse de los recursos destinados a la atención de pacientes con VIH sida.

“El cartel de la hemofilia es un juego de niños al lado de lo que hemos descubierto, en relación con el cartel de los pacientes con VIH sida”, precisó el procurador Fernando Carrillo Flórez al anunciar la apertura de la investigación a principios de este año.

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