Los 6.402 ‘falsos positivos’ entre 2002 y 2008

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Después de reunir cuatro bases de datos diferentes, la Jurisdicción Especial para la Paz determinó que entre 2002 y 2008 hubo más de 6.402 civiles a los que las Fuerzas Militares mataron y presentaron ilegítimamente como muertos en combate.

La cifra triplica la estadística de la Fiscalía y duplica la de organizaciones de derechos humanos. Los ‘falsos positivos’ representan una de las páginas más dolorosas del largo conflicto armado en Colombia.

Especial/24-7Semanario

La JEP estableció en su reciente informe que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008.

Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son los seis territorios críticos priorizados por la Sala de Reconocimiento en la primera fase de la investigación del Caso 03. 

En estos seis territorios del país se concentró la primera fase de investigación del Caso 03: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado’. Así lo dio a conocer, a través del Auto 033 de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, cuando presentó a los sujetos procesales, intervinientes especiales, víctimas acreditadas ante la JEP y a la sociedad en general, cómo se aplicaron los criterios de priorización en ese proceso judicial.

Los departamentos de Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta fueron las regiones priorizadas. Según el informe de la entidad, esta decisión se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la Jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal.

El proceso arrojó, entre otros resultados, que por lo menos 6.402 colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. El 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo.  

Los ‘falsos positivos’ representan una de las páginas más dolorosas del largo conflicto armado en Colombia.

2002 – 2008

Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP. Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica.

Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.

Con el universo de hechos y conductas que componen el Caso delimitado, se aplicaron los criterios de priorización que permitieron establecer un orden razonable de atención para los mismos y asignar recursos diferenciados para la instrucción de los subcasos.

Los ‘falsos positivos’ de la Fiscalía

El informe presentado por la JEP, dejó en evidencia las contabilizaciones erróneas de la fiscalía en estos casos de ‘falsos positivos’. Según la JEP, la cifra del ente investigador es triplicada en este informe dado que reportó la fiscalía había reportado 2.248 víctimas de ‘falsos positivos’, incluso en un periodo más largo que iba desde 1988 a 2014.

Los datos no oficiales siempre suelen ser mayores. Por ejemplo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que reúne a varias organizaciones de derechos humanos, calcula que entre 2002 y 2010 hubo 3.512 civiles presentados falsamente como muertos en combate. Pero por más que este número supere el de la Fiscalía, sigue quedándose corto frente al que presentó la JEP el pasado 18 de febrero.

Los departamentos de Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta fueron las regiones priorizadas.

¿Cómo contabilizaron a los muertos de ‘falsos positivos’?

La JEP explicó que su conteo lo obtuvo al combinar cuatro bases de datos diferentes: dos de la Fiscalía, una del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de  Memoria Histórica -entidad oficial- y otra de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

Después de recopilar la información, eliminó los casos que estaban duplicados y así obtuvo la cifra preliminar de más de 6.400 víctimas de falsos positivos, un número que está sujeto a verificación según la JEP, pues el caso que comenzó en 2018 sigue abierto.

Aunque las fuentes difieren respecto a la magnitud del crimen, hay dos aspectos en los que todas las bases de datos coinciden. El primero es que los ‘falsos positivos’ se dispararon entre 2002 y 2008. El segundo punto en común es que tanto las organizaciones no gubernamentales como las instituciones estatales demuestran que 2007 fue el peor año de todos. Los datos que compiló la JEP aseguran que ese año hubo cerca de 1.600 víctimas de este crimen, lo que implica un promedio de más de cuatro muertos cada día.

Los departamentos donde hubo más ‘falsos positivos’

El dato que reveló la JEP hace parte del Auto 033 en el que su Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad explica cómo priorizará el caso para determinar la responsabilidad en los mayores crímenes de ‘falsos positivos’, pues al ser una entidad de Justicia transicional, no puede condenar a todos los responsables.

El Auto 033 explica además que en 29 de los 32 departamentos hubo ejecuciones extrajudiciales, pero que el 66 % de todas las víctimas se concentran en 10 de ellos. Por eso, la JEP comenzará su investigación en seis lugares: Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare, Meta y Antioquia –donde ocurrió un cuarto de todos los falsos positivos que hubo en el país entre 2002 y 2008-.

Esas regiones coinciden en gran medida con las que tiene en la mira la Corte Penal Internacional (CPI) en sus cinco casos potenciales de ‘falsos positivos’. Y es que este organismo judicial tiene abierta una investigación preliminar en Colombia, donde incluye ese tipo de crimen y el posible involucramiento de varios generales del Ejército.

Además, la JEP explicó que la manera en la que investigará el caso de ‘falsos positivos’ será de “abajo hacia arriba”. En otras palabras, comenzará a indagar la posible responsabilidad de los autores materiales para luego escalar hasta los más altos comandantes. Así intentará darse cuenta de si fue una ejecución extrajudicial cometida por militares que se desviaron de su deber o si por el contrario hubo políticas que incentivaron estos crímenes.

Los subcasos

El informe presentado por la JEP, dejó en evidencia las contabilizaciones erróneas de la fiscalía en estos casos de ‘falsos positivos’.

Subcaso Antioquia: registró el 25% del total de víctimas ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008, es decir, una cuarta parte del total. El año de mayor victimización de la región fue 2004. La IV Brigada, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013. Se priorizarán los hechos ocurridos entre enero de 2003 y diciembre de 2005 en el oriente antioqueño. Uno de los casos emblemáticos es el del cementerio Las Mercedes en Dabeiba del que han entregado información ante la JEP 14 miembros de la fuerza pública, de distinto rango. La mayoría de ellos no habían sido investigados por la justicia ordinaria y quienes sí lo fueron, confesaron ante la JEP la comisión de crímenes nunca antes judicializados.

Subcaso Costa Caribe: el 7,3% del universo de víctimas, para el periodo comprendido entre 2002 y 2008, se encuentra en el departamento del Cesar, el tercer departamento con mayor nivel de victimización en el país. La Guajira reporta el noveno lugar de incidencia en la victimización del país con 90 muertes, equivalentes a un 4%. La Sala priorizará en un primer momento la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de la Guajira que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”.

Subcaso Norte de Santander: Dentro de la información con la que cuenta la JEP, se tiene conocimiento de 420 víctimas reportadas en el período 1985-2016. Norte de Santander ocupa el sexto lugar a nivel nacional. El 82% de las víctimas se concentran entre 1999 y 2008. La mayor cantidad de víctimas reportadas se concentra en El Catatumbo. La Segunda División, con jurisdicción en el Norte de Santander y Boyacá, se encuentra dentro de las cuatro divisiones del Ejército Nacional que concentran cerca del 60% de los casos. Con base en este panorama cuantitativo, la JEP decidió concentrarse en el esclarecimiento detallado de los casos que ocurrieron entre 2007 y 2008 en El Catatumbo. Allí la JEP ha identificado por lo menos dos patrones representativos del Caso 03.

Subcaso Huila: la Quinta División del Ejército, que tiene jurisdicción sobre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, se caracterizó por un incremento sustancial de casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2005 y 2008, en comparación con el número de casos que se registran antes y después de ese lapso. De un total de 327 muertes reportadas como resultados operacionales se tiene que la mayoría se concentraron en el sur y el centro del departamento del Huila, particularmente en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondiente al 26.9% del total de las muertes, seguido del municipio de Garzón en donde se registraron 19 víctimas, es decir el 13.1% del total presentado.

Subcaso Casanare: la Cuarta División ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país y en 2007 alcanzó el primer puesto. Con el análisis de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por 100.000 habitantes, se pudo determinar que, para el periodo entre 2002 y 2008, la tasa para este departamento fue la más alta en todo el país con casi 12 por 100.000 habitantes. En esta zona la JEP priorizará la investigación por los hechos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008 que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Brigada XVI.

Subcaso Meta: el Batallón de Infantería no. 21 “Batalla Pantano de Vargas” (BIVAR) presentó el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2005. En consecuencia, se priorizará el esclarecimiento de los hechos ocurridos en este periodo.

Son más los muertos: Madres de las víctimas

“La cifra real va subiendo, va subiendo y va subiendo. Sabemos que hay muchísimos más de 6.000 jóvenes inocentes que salieron de un hogar en busca de una oportunidad de trabajo y que tristemente nuestro glorioso Ejército colombiano acabó con ellos”, dijo Cecilia Arenas, líder de la organización Madres Falsos Positivos de Colombia, al conocer el comunicado de la JEP.

Cuando Cecilia habla del empleo se refiere a lo que le pasó a su hermano Mario Alexander Arenas Garzón y a muchas otras de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El 2 de enero de 2008, Mario salió de la casa de su hermana en Soacha, en el centro del país, hacia el hogar de su mamá en la vecina Bogotá, la capital colombiana; pero nunca llegó. Cuando lo llamaron, él respondió que se había ido porque había conseguido un trabajo. Siete meses después, sus familiares se enteraron por los medios de comunicación de que el cuerpo sin vida de Mario Alexander estaba en Floridablanca, Santander, a más de 9 horas de distancia de Bogotá.

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