Cinco proyectos que no avanzan en el Congreso

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Entre las muchas iniciativas legislativas radicadas recientemente o en trámite de ser presentadas, hay cinco que están en la mira de la opinión pública. ¿En qué estado se encuentran?

Especial/24-7Semanario
*Texto y análisis Nuevo Siglo

• Acuerdo de Escazú

Nuevamente fue aplazada la sesión conjunta de las comisiones segunda de Cámara y Senado para darle primer y tercer debate simultáneo al proyecto para ratificar el Acuerdo de Escazú, radicado el 20 de julio pasado por la plana mayor ministerial del gobierno Duque.

En estos tres meses la iniciativa, cuyo propósito central es facilitar la veeduría ambiental ciudadana sobre los proyectos de desarrollo, ha terminado imbuida en un pulso entre los gremios, el Ejecutivo y los activistas que defienden los recursos naturales. ¿La razón? Los sectores productivos advierten sobre los alcances de algunas de las normas de dicho Acuerdo, considerando que podría dificultar proyectos e inversiones, prevención que no comparten la Casa de Nariño ni los defensores ambientales.

El articulado ya tiene desde el viernes ponencia positiva de los congresistas Carlos Ardila (Partido Liberal), Lidio García (Partido Liberal), Neyla Ruiz (Alianza Verde), Antonio Sanguino (Alianza Verde) y Feliciano Valencia (Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS).

Se especula sobre si se estaría preparando un informe pidiendo archivar el proyecto por parte del resto del grupo de ponentes: Juan Diego Gómez (Partido Conservador), Juan David Vélez (Centro Democrático), José Luis Pérez (Cambio Radical), Ernesto Macías (Centro Democrático), Berner Zambrano (La U), Anatolio Hernández (Partido Social de Unidad Nacional, La U), Gustavo Londoño (Centro Democrático), Mauricio Parodi (Cambio Radical) y Jaime Felipe Lozada (Partido Conservador).

No hay problemas de tiempo porque tiene mensaje de urgencia, pero la aprobación de Colombia sería vital para el tratado ya que entrará en vigor 90 días después que lo ratifiquen 11 países y van 10 (Guyana, Bolivia, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Ecuador y Argentina).

Extraoficialmente se prevé que el proyecto tenga siete votos en contra de los congresistas del Centro Democrático, eventualmente uno del MIRA y quizás cuatro de Cambio Radical, a juzgar por la columna del fin de semana del exvicepresidente Germán Vargas Lleras (en la que dijo que, “por fortuna, cada día son más las voces en el Congreso que se preguntan sobre la conveniencia de ratificar este peligroso instrumento”). Eso sumaría 12 votos en contra.

Decididamente a favor habría cinco votos: uno del Polo Democrático, dos del MAIS, dos de la Alianza Verde y cinco liberales, para un total de 10.

La definición quedaría en los ocho votos restantes, tres del Partido Conservador y cinco de La U.

• Cadena perpetua

El 22 de julio, al promulgar el acto legislativo que restableció la vigencia en Colombia de la cadena perpetua, el presidente Iván Duque señaló que el nuevo reto es acelerar el trámite de la ley que reglamentará el castigo para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes.

“Nuestro reto ahora, apreciados congresistas y amigos, es que podamos darle un trámite acelerado a la ley que reglamenta este acto legislativo y que se complementa también con otros desarrollos normativos”, expresó.

Tres meses después, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, manifestó que esa cartera “viene trabajando con un equipo interdisciplinario en el proyecto de reglamentación” y que “ya tenemos un borrador y esperamos lograr pronto la mejor versión posible del proyecto para la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes y brindar las garantías de dignidad humana para los privados de la libertad”.

Si se presenta con mensaje de urgencia tendría plazo para ser radicado hasta mitad del próximo mes.

• Reforma a la salud

Todavía está pendiente que se presente la ponencia para que en comisiones séptimas conjuntas se tramite el proyecto de reforma a la salud que recibió hace un mes mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional.

La iniciativa del senador Fabián Castillo, de Cambio Radical, fue radicada en 20 de julio con respaldo de su bancada, así como de las del Centro Democrático y el Partido Conservador, además de congresistas de La U y la Alianza Verde.

Por ahora tampoco tiene problema de tiempo, porque al tener mensaje de urgencia puede transcurrir apenas un mes entre el primer y tercer debates conjuntos y la votación por separado en las plenarias de Senado y Cámara, que podría producirse en forma casi simultánea.

Uno de los puntos clave de la propuesta es que contempla una depuración de las EPS, sacando a las que no presentan un buen servicio, mientras que las que han tenido buenos indicadores se transformarán en Aseguradoras de Salud.

Para lograrlo, en coherencia con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-760 de 2008, los artículos 18 y 19 del proyecto terminan con la discriminación entre contributivo y subsidiado para establecer un régimen único en salud con un solo plan en salud, planteando que “los regímenes contributivo y subsidiado se integrarán, en un periodo de dos años, en un único régimen con beneficios equivalentes para toda la población”, manteniendo los regímenes excepcionales, aunque sus beneficiarios “tendrá derecho a trasladarse al régimen único”

“A partir del 1 de enero de 2022, todas las prestaciones asistenciales en salud requeridas para la población colombiana afiliada (…) estarán integradas y contenidas en un Plan Único de Salud –PLUS”, precisa el artículo 19.

• Regulación de protesta

Esta semana apareció agendado como punto 23 en el orden del día de la Comisión Primera del Senado el proyecto de ley número 60 de 2020 Senado, “por el cual se regula el Artículo 37 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, radicado el 20 de julio por el senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, junto a su bancada, propuesta normativa que busca armonizar el derecho a la manifestación pacífica con el derecho de todos los ciudadanos a la convivencia pacífica y a la seguridad, como lo precisa la exposición de motivos.

Si la iniciativa no se empieza a debatir la próxima semana entraría a estar muy ajustada en los tiempos de los cuales dispondría para ser aprobada.

El objetivo del articulado, le explicó a este Diario el senador conservador Juan Carlos García, ponente de la iniciativa, es desarrollar el artículo 37 de las Carta Magna “en concordancia con las posturas de la Corte Constitucional, que busca garantizar la protección a las personas que participan en estas marchas, en estas manifestaciones, en estas protestas pacíficas, culturales, ambientales, políticas”.

El Artículo 37 de la Constitución estableció que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”, en tanto que en la sentencia C-009 de 2018, la Corte Constitucional fijó que la protección a la protesta “está supeditada a que se haga de forma pacífica, lo cual excluye las manifestaciones violentas y la que tenga objetivos lícitos”.

• Derogar la JEP

E 12 de octubre pasado, en medio de las que llamó “algunas reflexiones sobre el presente y el futuro de Colombia”, el expresidente Álvaro Uribe propuso que “pensemos además en un referendo” que entre otros cinco puntos “derogue la JEP y confiera garantías a los integrantes de las Fuerzas Armadas, también a los desmovilizados de buena fe”.

La expresión “derogar la JEP” se entiende en primer lugar como eliminarla de la Constitución, lo que requeriría un referendo constitucional derogatorio; sin embargo, cabe otra interpretación, como se desprende del proyecto de ley número 24 de 2020 que radicó dos días después la senadora Milla Patricia Romero con la firma de otros integrantes de la bancada del Centro Democrático, “por el cual se deroga la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz” y cuyo artículo 1 estipula “deróguese la Ley 1957 de 2019”, es decir la misma a la que el presidente Duque le objetó seis artículos, con los resultados que ya el país conoce.

En principio podría decirse que si no prosperaron las objeciones a seis artículos, no debería tener futuro la eliminación de todo su contenido; sin embargo, en un año largo la correlación de fuerzas en el Congreso podría haber cambiado.

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